Carlos Trapani, coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), aseguró que tras haber finalizado las protestas contra el régimen, los niños que se encuentran en situación de calle perdieron su único subsidió, ya que las personas que asistían a las marchas o apoyaban lo que se estaba haciendo, alimentaban y vestían a los menores que participaban.

Trapani expresó que Cecodap condena el uso de los niños y adolescentes en hechos violentos y exhortó al estado a que individualice los casos y haga las investigaciones para establecer responsabilidades y sancionar a quienes deben, dijo en entrevista a Contrapunto.

Asimismo, señaló que si se hiciera un buen trabajo con los niños en situación de calle se podrían conocer casos de pequeños que tienen familia y que pueden ser reintegrados a ellas, “no se trata de sacarlos de la calle, pasarlos de un municipio a otro o que no se vean, que esa era la tentación: ocultarlos”, agregó, planteando una solución para evitar que los menores vean la violencia en las calles “como un espacio atractivo”.

“La Constitución de 1999, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de 1998 nunca se cumplieron. Nunca se entendió lo que implican los derechos del niño en la dinámica social, en la agenda pública”, dijo Trapani, quien expresó que la ANC no solucionará los problemas de los menores en situación de calle, para él todo parte desde que “no tenemos políticos formados y eso pasa factura”.

En cuanto a crear planes para solucionar el problema, señaló que ya existían algunas estrategias creadas por Cecodap como los comedores populares y el mantener las escuelas abiertas en periodo de vacaciones para que los niños puedan comer pero no se continuó con el proyecto, lo que hizo que la situación se agravara.

Asimismo, reiteró que el CLAP presentado por el régimen como una solución a la escasez de alimentos no funciona, y tal como lo dijo en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Lima, “es una iniciativa inconstitucional”.

Fuente: El Nuevo País