El panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) – conformado por Manuel Ventura Roles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Costa Rica, el Doctor Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y previamente Secretario Ejecutivo de la CIDH, y el profesor Iwrin Cotler, presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenber, y previamente Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá – que analizó la situación en Venezuela encontró fundamentos de siete crímenes de lesa humanidad: asesinatos y ejecuciones, torturas, violación sexual, encarcelación o privación grave de libertad, persecución sistemática, crisis humanitaria como herramienta de persecución y ausencia de justicia independiente.

En el informe de 400 páginas sobre Venezuela, el Capítulo IX llamado “Crisis Humanitaria como herramienta de persecución“ hace una descripción específica de cómo el régimen -según la OEA- ha capitalizado la trágica situación humanitaria del país, utilizándola no solo para castigar a quienes no apoyan la revolución bolivariana al negarles alimentos y medicinas, sino también para forzar a cientos de miles de personas al exilio.

El panel de expertos de la OEA considera que la crisis ha sido utilizada como un instrumento de presión contra una parte de la población opositora o identificada como tal constituye una violación múltiple de derechos fundamentales: el derecho a la vida, integridad personal, salud y alimentación que encuadra como crimen de persecución por motivos políticos en conexión con los demás crímenes analizados.

Aseguran que “el régimen ha llegado incluso a utilizar como arma política la crisis humanitaria resultado de su actuación, y ha politizado el acceso a los pocos alimentos y artículos de primera necesidad disponibles, distribuyendo alimentos a sus partidarios y restringiendo su suministro a quienes no apoyan al Gobierno. El impresionante éxodo de venezolanos que se ven forzados a abandonar el país en busca de alimentos, atención médica, empleos y seguridad es utilizado por el régimen para hacer salir del país a un mayor número de críticos y opositores, con el fin de eliminar las voces de la disidencia y permitir al presidente (Nicolás) Maduro consolidar aún más su control indiscutido del poder, desestabilizando así la paz y la seguridad de la región“.

Para ellos es evidente que la desnutrición en Venezuela no es consecuencia de una guerra o una catástrofe natural, sino por la escasez y la inflación provocada por el régimen. “Si de cada 100 niños mueren 10 por desnutrición, ya tienes una crisis”, indicó Susana Raffalli, consultora de Caritas Venezuela en el informe de dicha ong publicado el 17 de mayo de 2017 y realizado en 31 parroquias, la mitad de los menores de cinco años (48%) sufre de malnutrición o está en riesgo de sufrirla.

Asimismo, los juristas consideran también que el régimen venezolano es el responsable de lo que se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias que la región haya vivido. “Esta crisis es causada por humanos y es un resultado directo de acciones inhumanas por líderes que no les importa el sufrimiento de su gente, permitiendo que sus ciudadanos y ciudadanas mueran de hambre y enfermedades prevenibles. La gravedad de la crisis humanitaria se ha convertido en una estrategia más amplia de represión en el país, que es guiada por intereses ideológicos y políticos (…). La crisis humanitaria resultante ha sido repetidamente negada a la comunidad internacional, y todas las ofertas de asistencia que pudieran aliviar considerablemente el sufrimiento de los venezolanos y venezolanas han sido consistentemente rechazadas“, advierten.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) advertía en 2017 que la emergencia humanitaria se había convertido en un detonante social en el país, donde se produjeron un promedio de 816 protestas por mes, o 27 por día. Las principales exigencias de la población fueron: abrir un canal humanitario, liberar a los presos políticos y establecer un cronograma electoral.

“La crisis humanitaria no es producto de la casualidad, ni el resultado de una guerra económica iniciada por un enemigo interno compuesto por grupos fragmentados de oposición y civiles hambrientos. La única entidad con la capacidad de afectar la economía de esta forma necesita control de las instituciones de gobierno en el territorio nacional. Nicolás Maduro y su régimen son los únicos actores con control de estas instituciones (…). La única guerra económica que se ha declarado es la del régimen a su propia gente, al sostener intencionalmente una crisis humanitaria caracterizada por el hambre y la enfermedad que no ha sido y no es, inevitable“, advierte el informe.

La grave crisis de salud es otra de las caras de la emergencia humanitaria causada por el Estado contra su población. El Sistema Público Nacional de Salud está colapsado. Hay déficit de medicamentos, vacunas e insumos médicos. La infraestructura hospitalaria se encuentra en estado crítico. No hay suficiente personal médico capacitado. Además, la seguridad de los hospitales se ha visto comprometida no obstante la elevada militarización en los centros de salud.

La Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven) de 150 medicamentos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de acceso obligatorio, en Venezuela existe a ausencia de 70% por las restricciones en la entrega de dólares para comprar medicamentos.

El presidente de Fefarven, Freddy Ceballos, advirtió que el país vive una emergencia humanitaria en donde el desabastecimiento de medicamentos se estima en un 80%. La escasez no solo ocurre en hospitales públicos, sino también en farmacias privadas con una ausencia de medicamentos superior al 85%.

Los expertos destacan que el gobierno activamente censura la crisis de salud, rehusándose a publicar estadísticas de salud e información epidemiológica y “castiga a quienes sacan los datos a la luz pública. En mayo de 2017, la Ministra de Salud, Antonieta Caporale, fue destituida después que el boletín epidemiológico de mayo de 2017 fuese publicado en el sitio del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS)“.

Codevida y Provea enviaron a la CIDH un informe en febrero de 2018 en el que advertían sobre las graves, masivas y sistemáticas violaciones del derecho a la salud en Venezuela, unido a violaciones similares en otros derechos económicos y sociales que incluyen la alimentación, produciendo una emergencia humanitaria compleja con una alarmante escala de muertes, daño y sufrimiento humano para la cual no existen capacidades de respuesta interna como consecuencia del quiebre del Estado y de persistentes patrones deliberados de privación que abarcan medicinas, equipamiento médico, tratamientos y servicios de atención a la salud.

“El poder de salvar las vidas de más de 300 mil personas en condiciones de salud crónica: hemofilia, trasplantados, personas con Cáncer, Esclerosis Múltiple, Parkinson, Hipertensión Pulmonar, Colitis Ulcerosa, Personas en Diálisis, entre otras, y más de 77 mil personas con VIH por la ausencia de Antiretrovirales, y la asistencia de unas 4 millones de personas con serios problemas para acceder a sus tratamientos (diabetes e hipertensión)”. Los medicamentos necesarios para tratar estas condiciones en el pasado estabas disponibles con facilidad en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).

El presidente de la Sociedad Venezolana de Oncología (SVO), Gustavo Gotera, advierte sobre la escasez de medicamentos para la medicina oncológica y la cirugía oncológica, así como las deficiencias y ausencia de equipos adecuados para la cirugía y radioterapia oncológica. “Debido a la falta de fármacos para suministrar tratamiento a los pacientes oncológicos, se curan a cuatro de cada diez personas en lugar de curar a ocho de 10 como en el pasado. Ante la falta de fármacos, los médicos se han visto obligados a aplicar medicinas de segunda o tercera línea para poder ofrecer algún tipo de tratamiento a los pacientes”.

Las 4.990 personas con hemofilia se encuentran privadas de factores de coagulación desde hace varios años. En enero de 2016 el Centro Nacional de Hemofilia reportó un 50% de fallas severas en la distribución y entrega del tratamiento profiláctico para prevenir el sangrado y la artropatía hemofílica debido a que los factores que comprende este tratamiento fueron retirados de la lista de compras del IVSS. Hasta diciembre de 2016, habían fallecido 12 personas por hemorragias, entre ellos 5 niños y 1 adolescente33 . En 2017, fallecieron 22 personas y 270 corren el peligro de perder la vida.

En 2017, la Red Defendamos la Epidemiología de la Sociedad Venezolana de Salud Pública denunció el agotamiento de los 31 medicamentos para tratar los distintos tipos de cáncer de mayor recurrencia en Venezuela, afectando a unas 55.000 personas con cáncer, según el informe de Codevida.

En enero de 2018, la Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer (Fundanica) del estado Carabobo, reportó que en 2017 fallecieron 54 niños, niñas y adolescentes de los 118 que atiende esta fundación, representando 46%, por ausencia de tratamientos para el cáncer. En 2016 fallecieron 11. Adicionalmente, unas 5.668 mujeres con cáncer de mama, diagnosticadas anualmente no tienen acceso a quimioterapias y otros tratamientos esenciales, seis mujeres fallecen diariamente por esta condición.

En cuanto a los bancos de esenciales, la Sociedad Venezolana de Hematología y el Grupo Cooperativo de Medicina Transfusional emitió un comunicado el 18 de enero de 2018 en el que advertía los riesgos de quedar inoperativos si no se adoptan medidas de corto plazo. Desde el segundo semestre de 2017 observan fallas en la recepción de reactivos e insumos necesarios para evaluar a las y descartar enfermedades como Hepatitis B, Hepatitis C, entre otras, así como para realizar intervenciones quirúrgicas, y tratamientos transfusionales.

“Queda claro que la grave situación actual no es producto de la negligencia, sino de una estrategia guiada por intereses ideológico-partidarios para deteriorar gravemente las condiciones de vida de venezolanas y venezolanos; situación la cual ahora es utilizada para penalizar a los que no apoyan la Revolución Bolivariana, que hasta en algunos casos llega al extremo de purgar a la oposición, ayudando a asegurar la permanencia indefinida en el poder del Régimen“, enfatiza el informe.