En Colombia hay más de un millón de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de la mitad permanecen de manera irregular. Dentro de este grupo, las gestantes son una población que, en su mayoría, está en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, ambiental y psicosocial. Julián Fernández Niño, profesor del departamento de Salud Pública, lidera desde 2018 un estudio sobre el estado de salud y el acceso efectivo en gestantes venezolanas migrantes en Barranquilla y La Guajira, en el marco de una estrategia sobre educación, migración y salud con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Salud Pública de México.

Los resultados preliminares de la investigación, basada en una muestra de 500 gestantes (300 en Barranquilla y 200 en La Guajira) y en la implementación de un instrumento que valora características socioeconómicas, migratorias, de salud y de violencia (económica, sexual, física y psicológica), evidencian que la mayoría tiene un ingreso menor a un salario mínimo vigente y sus principales problemas de salud están relacionados con anemia, inseguridad alimentaria, violencia psicológica por parte de la pareja o expareja, y la presencia de síndromes depresivos, clínicamente significativos.

“Lo que nosotros hacemos tiene una fortaleza, porque es un estudio que se lleva a cabo en centros de salud y en la comunidad. El objetivo es diseñar estrategias de atención primaria, informadas en evidencias. La mejor manera de tomar decisiones es conociendo el estado de salud de estas mujeres con información de calidad. Por eso evaluamos su estado de salud de manera multidimensional”, puntualiza el docente.

El resultado preliminar más preocupante, de acuerdo a la literatura, es el tema de las violencias basadas en género y el de síntomas depresivos clínicamente significativos.

Las mujeres migrantes, particularmente en condiciones de irregularidad, dado su dificultad para encontrar empleo, tienen bajos ingresos, lo cual puede generar aislamiento social y a su vez mayores probabilidades de ser violentadas. Al tener menos recursos tienen menos alternativas para enfrentar un hecho violento. En el tema de salud mental, explica el profesor Fernández, a pesar de que está priorizado en el plan de respuesta, lo cierto es que, al igual que para los colombianos, no hay claridad de cuáles son las mejores estrategias de base comunitaria para promoverla.

“Lo que pasa con los migrantes en principio es un diagnóstico de lo que pasa con el sistema de salud en general. Mejorar el sistema para los migrantes es mejorar el sistema para todos. La situación de ellos es muy similar a la de las poblaciones colombianas pobres no aseguradas, con el agravante de que al ser migrantes desconocen más sus derechos y rutas de atención. No deberían ser estigmatizados”, advierte.

Resultados de la investigación

Las gestantes encuestadas son jóvenes, con un promedio de edad de 25 años al momento de la encuesta y primerizas (39,6%). La mayoría tenía pareja (78,6%), predominantemente estaban casadas o en unión libre (75,1%); en el 62,8% de los casos, su compañero era de nacionalidad venezolana. La tipología familiar predominante fue la nuclear (36,6%), el 27,1% fueron mujeres cabeza de familia y con algún grado educativo (53,4% con estudios de secundaria; 6,5% técnicas o tecnólogas, 9,5% profesionales y 6,0% con posgrado).

Siete de cada diez pagaba arriendo por su vivienda, la cual corresponde principalmente a un cuarto de inquilinato o casa (37,9%). En el lugar residía en promedio 4,7 personas, de las que solo 1,1 percibía algún ingreso mensual.

Solo el 52% de las gestantes migrantes venezolanas recibió cuidado prenatal durante el embarazo. El 24,7% inició su control durante el segundo trimestre de gestación y solo el 53,7% percibió que su salud durante el embarazo era buena.

En el marco de la investigación, a las gestantes asentadas en Barranquilla se les realizaron pruebas de hemoglobina en sangre, se encontró que el 51% tenía niveles inferiores a los 11 g/L, es decir, la mitad de las gestantes analizadas tenían anemia, lo que contrasta con una prevalencia diagnosticada del 8,1%, según el reporte de las mujeres. Solo la mitad estaban consumiendo ácido fólico (48,8%), calcio (48,5%) y sulfato ferroso (58,0%). Estos resultados pueden relacionarse con las condiciones de inseguridad alimentaria en el hogar de las gestantes que, de acuerdo a la valoración realizada, llegaba al 86,7% de los hogares. De igual forma, el 86% sufrió violencia psicológica y un 32% manifestó síntomas depresivos. Un 27% de las gestantes entrevistadas necesitó atención por urgencias, además de la atención prenatal.

Fuente: Uninorte