Las declaraciones que dio Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) muestran que había una política del Gobierno de dar medicamentos a cambio de votos, o suspenderlas cuando fuese necesario.
Desde Codevida recordamos que la emergencia humanitaria comenzó en 2014, cuando él ejercía el cargo del instituto, por lo tanto, él también es responsable de las muertes y daños irreparables que se le ocasionaron a las miles de personas que murieron por la escasez de insumos y medicamentos para sus condiciones.
“Estamos hablando de unas denuncias muy graves que, inclusive, avalan la cifra de que hay cinco mil personas que se dializaban y que perdieron la vida”, explicó Francisco Valencia, director de Codevida sobre las declaraciones del expresidente del IVSS, quien ahora ha solicitado refugio en Colombia, desde donde hace las denuncias sobre el sistema sanitario nacional.
En este sentido, Valencia increpa a Rotondaro: “si sabía que le estaban bloqueando la compra de medicamentos e insumos para personas con condiciones de salud crónica, lo que tuvo que hacer como Presidente es denunciar, convocar a las organizaciones que trabajan el tema del derecho a la salud y plantearles lo que estaba sucediendo en el IVSS“
Pero lo que hizo Rotondaro, en cambio, fue cerrar toda comunicación con las organizaciones que defienden el derecho a la salud: “no hubo más reuniones formales durante los últimos años de su gestión y eso agudizó la situación que viven y están viviendo las personas con condiciones de salud crónica“, lamentó Valencia.
300.000 personas con condiciones de salud crónica dependen de la Farmacia de Alto Costo del IVSS que dejó de proveer de medicinas e insumos a venezolanos con hemofilia, parkinson, cáncer, trasplantes, insuficiencia renal, esclerosis múltiple, acromegalia, hipertensión muscular, VIH, colitis ulcerosa, entre otras.
Rotondaro, aprovechó la entrevista para denunciar que el Gobierno adquirió medicamentos antirretrovirales a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2017 y los retuvo para utilizarlos con un fin político. Esta situación fu denunciada por Codevida, Fundación Mavid y otras organizaciones que defienden el derecho a la vida, en virtud de la ausencia de estos fármacos más de 5.000 personas con VIH han fallecido en el país.