Hace cuatro años Venezuela está inmersa en una emergencia humanitaria compleja de gran escala por sus extensos y múltiples efectos regresivos en el plano institucional y jurídico, y en los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. La principal causa de esta emergencia ha sido un contexto de larga inestabilidad política y autoritarismo de Estado que entre los años 2016 y 2017 desembocó en el quiebre definitivo del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.

En el campo del derecho a la salud, la emergencia humanitaria se ha manifestado durante los dos últimos años en la paralización de la mayor parte de los servicios de atención médica en los centros de salud públicos disponibles, la reaparición y rápida propagación de epidemias que habían sido erradicadas décadas atrás y el agotamiento extremo de los inventarios de medicinas, vacunas e insumos básicos para la prevención y tratamiento adecuado de enfermedades y lesiones, así como para la atención de personas con condiciones crónicas, problemas de desnutrición, embarazadas y recién nacidos.

En 2017, el gobierno eliminó de las listas de compras públicas los medicamentos para personas con cáncer, VIH, trasplantes, hemofilia, lupus y problemas reumáticos, parkinson, inflamación intestinal, esclerosis múltiple e hipertensión pulmonar, entre otras afecciones graves. La Federación Farmacéutica de Venezuela (FEFARVEN) reportó niveles de escasez de 85% y el cierre de unas 70 farmacias. Esta situación ha generado que muchas personas con condiciones de salud crónicas hayan perdido la vida y que unas 300.000 corran peligro de fallecer, debido a que tienen más de un año sin conseguir sus medicinas y tratamientos.

La cantidad de muertes maternas e infantiles que habían ascendido 66% y 33% respectivamente entre los años 2015 y 2016 continuó aumentando. En 2017, unas 117 embarazadas fallecieron en el Complejo Hospitalario Ruiz y Páez del estado Bolívar por complicaciones de la malaria. En el Hospital Central de San Cristóbal del estado Táchira, los médicos denunciaron que habían fallecido entre 350 y 500 recién nacidos durante el año 2017.

Debido a las bajas coberturas de vacunación y cooperación internacional, reconocida por diversos organismos internacionales y países de varios continentes, de lo cual es clara evidencia la realidad de los centros y servicios de salud, así como las diarias demandas de las personas que no tienen acceso a medicinas y vacunas, el gobierno venezolano se niega a reconocerla y cumplir su obligación de aceptarla, condenando a millones de personas a que sufran daños irreparables a su integridad física y mental y a que muchas pierdan la vida.

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