La organización no gubernamental Promoción Educación Defensa en Derechos Humanos (Promedehum) ubicada en el estado Mérida emitió un comunicado expresando mucha preocupación sobre el impacto que tendrá la escasez de combustible en la entidad para las personas trasplantadas y con condiciones renales (insuficiencia) en medio de la pandemia por el COVID-19.
COMUNICADO:
Ante la imposibilidad de que las personas trasplantadas y con necesidades de hemodiálisis puedan movilizarse de manera adecuado por el estado Mérida debido al no suministro de combustible para vehículos, expresamos la exigencia de respuestas urgentes:
Observamos con mucha preocupación que el desabastecimiento de combustible en el estado Mérida ahbía alcanzado un nivel nunca visto, con la llegada del COVID-19 se suspendió dicho suministro, el cual que´do aparentemente reservado solo para ciertas prioridades sanitarias, teóricamente, en estas prioridades se tomó en cuenta las personas trasplantadas y con necesidades de diálisis, que en el área de metropolitana de Mérida, El Vígia y Tovar asciende a la importante cantidad de 300 personas, de las que, no todas tienen vehículo propio están siendo beneficiadas con el suministro de combustible. Además, tampoco hemos sabido de respuestas para quienes necesitan trasladarse desde otros municipios y usualmente se movilizan en transporte público.
Por otro lado, estas personas se consideran un grupo de riesgo debido a su estado inmunológico, por lo tanto, las medida que se tomen debe ser adecuadas para la protección de su vida.
Consideramos de fundamental importancia, también que las autoridades competentes retomen de manera urgente el suministro de inmunosupresores para las personas trasplantadas; sabemos que en Mérida por lo menos 28 pacientes trasplantados tienen 8 meses sin recibir uno de los medicamentos que necesitan tomar constantemente llamado Tracolimus y por el cual podrían padecer un rechazo del trasplante.
Es importante destacar que la situación en la que se encuentran en cuanto a la salud, las personas trasplantadas y con necesidades de diálisis y las que han fallecido, ha sido determinada por la prolongada y sostenida escasez de tratamientos, salubridad en los espacios sanitarios e inconvenientes derivados directamente de la emergencia compleja.
Desde el año 2018 exigido a los representantes regionales se declare en emergencia el estado Mérida por parte de la Gobernación del Estado, lo cual solo ocurrió debido al COVID-19 sin que se hayan producido cambios notables en nuestra ya complicado situación.
