“El COVID-19 es una amenaza latente para todos. Pero lo es todavía más para los pacientes oncológicos que viven en Venezuela, cuyo índice de mortalidad podría incrementarse significativamente ante las deficiencias del sistema sanitario y las restricciones de combustible“, advirtió la presidenta de la Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama), Luisa Rodríguez Táriba.

A través de la base de datos Globocan, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estimó que para el 2020 podrían registrarse al menos 66 mil 103 casos de cáncer en Venezuela, tanto en hombres como en mujeres, con una mortalidad que podría alcanzar las 33 mil 182 personas. “Estas cifras eran antes del COVID-19. Imaginen ahora cómo se va a engrosar la de mortalidad por falta de acceso a diagnóstico y tratamiento”, señaló.

En el caso específico del cáncer de mama, la ONU proyectó que podrían registrarse alrededor de nueve mil 775 casos este año y estableció la mortalidad en tres mil 192 personas.

La llegada de la pandemia oscureció todavía más el panorama sanitario en el país, que ya enfrentaba una Emergencia Humanitaria Compleja. Rodríguez Táriba denunció que los nuevos casos de personas con sospecha de problemas de salud asociados al cáncer están sin acceso a diagnóstico y, quienes logran confirmar un diagnóstico de cáncer, deben afrontar los impactos emocionales y económicos de no tener tratamiento a corto y largo plazo.

A su juicio, es una situación que se agrava para los pacientes oncológicos debido al confinamiento, el deterioro físico, el colapso de la poca asistencia sanitaria y la vulnerabilidad económica como consecuencia del COVID-19. Además, las pocas personas que pueden acceder a atención médica privada también se ven afectadas por la falta de gasolina para movilizarse.

Cada ciudadano venezolano tiene derecho a la salud, por lo que las personas que viven con condiciones de salud oncológicas deben ser atendidos y tomados en cuenta, dijo la representante de Funcamama al exponer que los pacientes no deberían ser simplemente redireccionados a vivir el poco tiempo que les quede, incluso sin calidad de vida porque ni siquiera hay medicamentos para los cuidados paliativos de estas personas.

Finalmente Rodríguez Táriba, destacó que las deficiencias del sistema de salud público representan una violación sistemática de los derechos humanos. “No tenemos ni siquiera morfina para todos aquellos pacientes que están viviendo una metástasis y sufren en carne propia la falta de acceso a medicamentos para el dolor”, agregó.