De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) hasta el 21 de mayor había regresado al país 46.896 venezolanos, 45.905 por vías terrestres (26.882 cruzaron por Táchira, 11.392 por Apure, 5.233 por Zulia, 1.983 por Bolívar, 109 por Amazonas) mientras que 99 lo hicieron por medios aéreos, a través de los llamados “vuelos humanitarios“.
En ese sentido, el flash update de OCHA explica que términos de las personas retornadas, el protocolo de control sanitario y epidemiológico actualmente implementado por las autoridades consiste en la aplicación de pruebas de despistaje en los puntos fronterizos, principalmente pruebas rápidas, tras lo cual las personas retornadas cuya prueba resulta negativa son transferidas a los Puntos de Atención Social Integral (PASI) para cumplir la cuarentena. En el estado Táchira, las personas permanecían durante cinco días antes de ser transportadas a su destino, mientras que, en otros estados fronterizos como Apure, Bolívar y Zulia, la permanencia en cuarentena es de 14 días. Debido al número creciente de personas positivas entre los retornados, el 18 de mayo se revisó esta política y ahora todas las personas retornadas deberían cumplir con 14 días de cuarentena en el estado por el que ingresan al país. Las personas retornadas cuyas pruebas dan un resultado positivo, reciben atención médica y son mantenidas en aislamiento. Las autoridades nacionales coordinan el transporte de las personas retornadas a sus estados de destino después de tener una segunda prueba rápida negativa. Cada estado estableció protocolos de recepción de las personas retornadas para evitar la transmisión de COVID-19.
La tendencia de personas retornando a Venezuela ha continuado en gran parte por los desafíos económicos y sociales que enfrentan las personas por las medidas tomadas para contener la pandemia de la COVID-19 en la región, así como por el aumento de muestras de xenofobia en las comunidades de acogida. Muchas personas también regresan por expectativas no cumplidas y por tener mayores estructuras de apoyo en sus familias y comunidades en momentos de crisis. Según cifras oficiales, desde el 6 de abril, cuando se estableció la cuarentena obligatoria para las personas retornadas, hasta el 21 de mayo, un total de 45.905 personas habrían regresado a Venezuela por fronteras terrestres, la mayoría por el estado Táchira. Esto da un promedio de unas 1.000 personas retornando al país diariamente por las fronteras terrestres. Adicionalmente, desde el comienzo de la cuarentena nacional y el cierre de la frontera por Colombia a mitad de marzo, unas 40.000 personas regresaron al país, muchas de las cuales hacían migraciones pendulares, resultando en un retorno de más de 80.000 mil personas según cifras oficiales.
En el estado Táchira, unas 26.888 personas habrían completado la cuarentena obligatoria en los espacios de alojamiento temporal entre el 6 de abril y el 21 de mayo. En el estado Apure, unas 11.392 personas han ingresado al país por el puente internacional José Antonio Páez hasta el 21 de mayo. Debido a un reciente repunte de casos positivos entre las personas retornadas, el 18 de mayo se anunció un toque de queda entre 16.00 a 22.00 en el municipio Páez.
En el estado Zulia, pese al cierre fronterizo, socios reportan que las autoridades venezolanas y colombianas semanalmente permiten el retorno de unas 300 personas, de acuerdo con la capacidad de los cinco PASI establecidos. Sin embargo, hay reportes de retornos espontáneos por pasos irregulares, con una afluencia estimada de 100 personas que cruzan caminando la zona de la Guajira diariamente, así como de movimientos pendulares en la Guajira y la Sierra de Perijá. Hasta el 21 de mayo, las autoridades habían reportado el ingreso de 5.233 personas.
En la frontera con Brasil, hasta el 21 de mayo, unas 1.983 personas habían retornado por Santa Elena de Uairén desde Pacaraima. A través del estado Amazonas habrían retornado unas 109 personas hasta el 21 de mayo.
En total, de las personas retornadas, 510 han sido diagnosticadas como casos positivos, con un aumento significativo en los últimos días. Algunos casos han sido diagnosticados luego de su traslado a los estados de destino, resaltando la importancia de aumentar la capacidad de diagnósticos conclusivos en los puntos de entrada que permitan un adecuado protocolo de control y seguimiento sanitario de las personas retornadas con COVID-19 para evitar la propagación en otros estados.
El gobierno ha implementado un plan de vuelos humanitarios para apoyar el retorno de personas desde algunos países de la región. Por esta vía, habrían retornado al menos 991 personas desde Chile, Cuba, Ecuador, México, Perú y República Dominicana. Las autoridades han dispuesto un espacio de alojamiento temporal en el estado La Guaira para el cumplimiento de la cuarentena y la implementación de los controles sanitarios.
No hay información oficial sobre el número de personas retornadas desde Guyana y Trinidad y Tobago hacia los estados Delta Amacuro y Sucre.
Las organizaciones humanitarias siguen reportando obstáculos operativos por las restricciones de circulación y acceso, así como la disrupción de la cadena de suministro a nivel mundial. La falta de un suministro estable y fiable de combustible sigue siendo una de las principales limitaciones que enfrentan las organizaciones humanitarias en todo el país.
A nivel nacional el pleno funcionamiento de los servicios públicos como electricidad, agua y gas doméstico continúa presentando limitaciones e interrupciones. En varios estados, especialmente del occidente del país y la región andina, se registran cortes de energía prolongadas, y que impactan también en los niveles de suministro de agua y en el rendimiento de la red de telecomunicaciones. Se han reportado protestas en algunas comunidades sobre el funcionamiento de servicios públicos.
En este contexto, es relevante que las intervenciones humanitarias para prevenir la propagación de la COVID-19 estén acompañadas de una respuesta a las demás necesidades de las personas afectadas. Si bien los esfuerzos en las áreas de salud y agua, saneamiento e higiene adquieren la primera prioridad, así como la ampliación del apoyo a las personas retornadas, es necesario que, cada vez más, la respuesta humanitaria prevista en otros sectores más allá de la COVID- 19 pueda ser implementada, así como los programas que protegen el bienestar y fomentan el desarrollo a largo plazo.