La profundización de la crisis política y socioeconómica en Venezuela ha provocado el colapso de los servicios, el deterioro de las condiciones de vida y uno de los mayores desplazamientos masivos en la historia de América del Sur, señala, Acaps, un proveedor de información independiente que se especializa en análisis y evaluación de necesidades humanitarias, sin afiliación con la ONU.

Dentro de Venezuela, la hiperinflación y el aumento de los precios han reducido el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes básicos, mientras que la disponibilidad general de bienes se ve obstaculizada por las restricciones a la importación. En los últimos años, la desnutrición ha alcanzado umbrales de emergencia para niños menores de 5 años, 50% que muestra algún grado de desnutrición y unos 280.000 están en riesgo de muerte debido a la desnutrición. Las mujeres embarazadas y las personas en las zonas empobrecidas del país también son vulnerables a la desnutrición.

La población es cada vez más pobre, con más personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, así como un empeoramiento de los niveles de pobreza, más vulnerables a los brotes epidémicos y sin acceso a servicios básicos y alimentos. El sistema de salud se ve afectado por la escasez de suministros médicos, medicamentos y salidas de personal. La incidencia de enfermedades transmitidas por vectores ha aumentado y las enfermedades prevenibles, como el sarampión, han resurgido. El acceso al agua potable es cada vez más difícil debido al colapso de los servicios básicos, lo que agrava los problemas de agua y saneamiento. Solo el 18% de la población que reside dentro de Venezuela recibe agua limpia de manera continua y constante. La crisis actual también ha provocado un aumento de la represión y los abusos contra los derechos humanos.

Acaps advierte que en Venezuela 29.255.000 personas están afectadas, de las cuales 14.920.000 necesitan algún tipo de ayuda humanitaria: medicamentos y alimentos, principalmente. Por esta razón, más de 3.7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, causando a su vez una crisis migratoria en Latinoamérica.

En este sentido, advierten que “las crecientes e innegables necesidades han hecho que el gobierno permita que algunas organizaciones humanitarias operen en comparación con el año pasado. La asistencia humanitaria está sujeta a interferencias políticas y las operaciones pueden ser altamente restringidas. El 23 de febrero, eMaduro negó el acceso a la ayuda humanitaria de los Estados Unidos, a través de Colombia (mientras aceptaba la ayuda de la Unión Europea, Rusia, China y Cuba) y decidió cerrar los cruces fronterizos con Colombia y Brasil, lo que obligó a miles de personas a recurrir a peligrosas alternativas como cruzar ríos o pagar a grupos armados para usar las trochas“, señala el boletín.