La organización de derechos humanos, Proiuris, con el abogado Edwin Gil, en representación de nuestro director ejecutivo, Francisco Valencia, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República exigiendo garantizar sus derechos y los de la Coalición de Organizaciones por la Defensa de la Salud y la Vida (Codevida) frente a las falsas y graves acusaciones hechas por el ministro de salud, Luis López.
Adicionalmente se introdujo una denuncia en la Defensoría del Pueblo exigiendo que de forma inmediata se le garantice protección a Valencia y cesen las difamaciones en su contra realizadas por el señalado ministro ante las denuncias de violaciones a los derechos a la salud y el agua que ha venido documentando y denunciando Codevida.
El 11 de junio López en un programa de radio afirmó: “Este señor de Codevida es un empleado de Roche –la empresa farmacéutica- Tu podrás padecer algún tipo de enfermedad, pero si tú abres la boca y te metes en el mundo político, qué respuestas quieres. Tú eres un sin vergüenza y un asalariado de Roche, que como este ministro y este presidente no le están comprando los medicamentos que Roche nos quiere vender, lo poquito que nos quieren vender, al precio que sea, y los estamos buscando por India; como no estamos buscando los medicamentos que a ti te dan dinero, tú tienes a los pacientes llevándolos al Ministerio. Sin vergüenza, se te va a terminar de caer la careta, porque ya tienes, incluso, a lo interno, una fuerte división, que donde te vean te van a decir tus cuatro cosas para que aprendas a respetar; ¿a quién?, a los pacientes. No pueden seguir jugando desde Codevida, que es el cartelito, dirigido aquí en Venezuela, representante de la Roche y asalariado de la Roche, seguirle diciendo a la gente que no hay medicamentos…”.
En ambos organismos públicos se solicita, que tomen medidas inmediatas para hacer cesar los señalamientos y acusaciones infundadas en contra de nuestro director y de la propia organización, tanto del ministro como de cualquier otra autoridad del gobierno nacional, y la protección al ejercicio legitimo de los reclamos y actividades que venimos haciendo en defensa del derecho a la salud y la vida de las más de 300.000 personas con condiciones de salud crónica que padecen las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que está presente en Venezuela.