En el presente informe se ofrece un análisis actualizado de las principales violaciones de los derechos humanos que fueron descritas en el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en agosto de 2017.

El ACNUDH observó que el Gobierno se había negado a divulgar la información necesaria para evaluar la dimensión y las consecuencias de la crisis de salud, por ejemplo, mediante los boletines epidemiológicos semanales y el anuario sobre mortalidad. Por el contrario, el gobierno ha amenazado, e incluso en algunos casos detenido arbitrariamente, a los médicos, pacientes y trabajadores de los medios de comunicación que denuncian la gravedad de la situación sanitaria. Los profesionales de la salud entrevistados se quejaron de la presencia de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia y los colectivos armados en el recinto de los hospitales, los que se ocupaban de impedir que periodistas y otras personas reunieran pruebas de las terribles condiciones imperantes.

 

Violaciones al derecho al más alto nivel posible de salud

“Hay muchos pacientes que se mueren, pero que podríamos salvar si solo tuviéramos recursos suficientes”.
médico del estado de Zulia.

Todos los médicos, académicos, otros profesionales de la salud, y defensores de los derechos humanos que fueron entrevistados por el ACNUDH, coincidieron en señalar que el país sufre de una dramática crisis sanitaria y de un completo colapso del sistema de atención sanitaria, que ha resultado en violaciones masivas al derecho a la salud. Diversos indicadores, como el aumento de la mortalidad materna en un 60% y de la mortalidad infantil en un 30% entre 2014 y 2016, la falta de acceso a tratamientos adecuados y regulares para los más de 300.000 pacientes aquejados de enfermedades crónicas, o el brote de paludismo y difteria (enfermedades que habían sido erradicadas), revelaron un deterioro dramático del sistema venezolano de atención de salud.

Éste ha sido un largo proceso causado por múltiples factores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje del gasto en salud con respecto al PIB de Venezuela disminuyó del 5% en 2007 al 3% en 2015. Teniendo en cuenta la hiperinflación, las asignaciones presupuestarias al Ministerio de Salud también experimentaron una disminución en los dos últimos años.

Simultáneamente, el establecimiento de un sistema paralelo de atención sanitaria, conocido como “Misión Barrio Adentro”, cuyo objetivo inicial era la extensión de los servicios preventivos de salud a los barrios más pobres, generó con el tiempo un importante déficit de financiamiento de la red pública de hospitales y clínicas administrada por el Ministerio de Salud, de la cual dependía más del 64% de la población. Además, el modelo de financiamiento de la Misión Barrio Adentro resultó ser insostenible, ya que dependía enteramente de los ingresos de la compañía petrolera nacional Pdvsa. La falta de institucionalización y control lo transformó además en un programa ineficiente y con una cobertura limitada. Según la encuesta Encovi, la población cubierta por Barrio Adentro disminuyó drásticamente, pasando de 2,6 millones de personas en 2015 a 200.000 en 2017. El Comité de derechos económicos, sociales y culturales ha establecido que las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud no son permitidas. La carga de la prueba recae en el Estado, que tiene que justificar que ha dedicado el máximo de sus recursos disponibles para garantizar las obligaciones derivadas del derecho a la salud.

Otros factores que contribuyeron al deterioro del sistema de atención de la salud fueron la gran dependencia del Gobierno con respecto a las importaciones de medicamentos y equipos sanitarios, y la disminución sostenida de la ya limitada capacidad productiva a nivel nacional. En 2014, a raíz de la inflación y del gran endeudamiento acumulado con las empresas proveedoras de suministros sanitarios, la capacidad del Gobierno para importar medicamentos y equipos de salud se redujo en un 60%. Como las importaciones del sector estatal representaban el 9% de los suministros de salud necesarios para el funcionamiento del sistema de salud público, la reducción de la capacidad de importación provocó una escasez sistemática de medicamentos y material médico206. Además, en los últimos años, cerca del 50% de los médicos y el 37% de los enfermeros han emigrado a otros países de la región, debido principalmente a los bajos salarios y a la falta de condiciones para prestar servicios de salud adecuados en Venezuela.

El nivel de degradación de las instalaciones hospitalarias públicas y la grave escasez de medicamentos y suministros médicos son las manifestaciones más claras del colapso del sistema de atención de la salud. La Encuesta Nacional de Hospitales de 2018 ha mostrado que la capacidad de la red hospitalaria nacional se ha venido desmantelando gradualmente en los últimos cinco años. Según esta encuesta, en lo que va del presente año el suministro de medicamentos y de materiales quirúrgicos ha registrado déficits de 88% y 79%, respectivamente. Los médicos entrevistados dijeron al ACNUDH que los pacientes se veían obligados a comprar los medicamentos y suministros necesarios para su tratamiento fuera del hospital, incluyendo jeringas y guantes médicos. “Si los pacientes no logran encontrar o comprar los suministros que necesitan, simplemente no pueden ser tratados” dijo una médica a el ACNUDH. Casi todos los hospitales se habían quedado sin analgésicos comunes, por lo que, en razón de las dificultades para obtener servicios de medicina paliativa, los pacientes en fase terminal acababan su vida sin poder mitigar su dolor.

La encuesta también puso de relieve que solo el 7% de las unidades de emergencia y el 8,4% de los quirófanos estaban plenamente funcionales, y que se habían señalado fallos intermitentes en el 70 por ciento de las unidades de emergencia y el 76% de los quirófanos. En el estado de Zulia, los médicos indicaron que, debido a los cortes de energía eléctrica, la escasez de agua y la contaminación de los quirófanos, solo podían realizar contadas operaciones por semana, de manera que el plazo de espera para las intervenciones quirúrgicas era de alrededor de seis meses. Los médicos del estado de Lara informaron de que los hospitales se habían quedado sin reactivos para realizar exámenes de laboratorio, y que en todo el estado no había equipos de tomografía en funcionamiento. De acuerdo con el Comentario General número 14 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales uno de los elementos esenciales del derecho a la salud es la disponibilidad de centros de salud, bienes y servicios en cantidad y calidad suficientes. Los estados deben garantizar el acceso a servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación.

La falta de agua y artículos de higiene también estaban causando problemas de infección generalizados. Yoinier Peña, quien recibió un disparo el 11 de abril de 2017 cuando participaba en una protesta en el estado de Lara, contrajo una infección durante la operación de la columna vertebral a la que se le sometió para extraerle el proyectil. El hospital no tenía antibióticos y su madre solo pudo comprarlos gracias a las donaciones recibidas durante unas semanas. Yoinier murió como consecuencia de la infección contraída en el hospital, 54 días después de que fuera herido214. Luis Guillermo, que recibió un disparo en la cabeza el 15 de junio de 2017 en el estado de Carabobo, murió después de permanecer dos meses en el hospital. Según su madre, falleció víctima de la desnutrición y de infecciones que no fueron tratadas.

La escasez de medicamentos también se extendió a las farmacias. Un mecanismo de seguimiento de las existencias de las farmacias, que opera en cinco de las principales ciudades del país, calculó que entre septiembre de 2017 y abril de 2018 hubo un déficit de 84,23% en el aprovisionamiento de medicamentos esenciales para tratar cuatro de las causas más recurrentes de morbilidad en el país, a saber, la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias, la diabetes y la hipertensión arterial2. Desde que el Gobierno decidió suspender el acceso de las compañías farmacéuticas a los tipos de cambio preferenciales, en octubre de 2016, todas las importaciones de medicamentos han tenido que realizarse con divisas adquiridas en el mercado “paralelo” de cambio del dólar de los Estados Unidos. Pero debido a la hiperinflación, el precio de gran parte de los medicamentos se volvió inaccesible para la mayoría de la población, y las farmacias no lograron reunir los recursos financieros necesarios para reabastecerse. Por ejemplo, el precio de una caja de pastillas para la hipertensión llegó a superar el salario mínimo mensual. Otro elemento esencial del derecho a la salud es la accesibilidad económica, que implica que todas las personas, incluyendo a los grupos más desaventajados. deben poder pagar los costos relativos al acceso a los centros, los bienes y servicios de salud.

La situación de escasez, agravada por una corrupción desenfrenada, ha incentivado el desarrollo de un mercado negro de medicamentos que no están debidamente certificados o cuya fecha de caducidad ha expirado. En febrero de 2016, el Gobierno estableció una línea telefónica directa para las personas que necesitan obtener medicamentos a precios asequibles. Sin embargo, el ACNUDH recibió información según la cual sólo quienes tienen el “carnet de la patria” pueden acceder a este servicio (véase aparatado I). Además de ello, el tipo y la cantidad de medicamentos disponibles a través de este programa son limitados.

Al menos 300.000 personas que viven con enfermedades crónicas se han visto gravemente afectadas por el hecho de que los medicamentos que necesitan no están disponibles o tienen precios prohibitivos. Desde 2015, el Instituto Venezolano de los Servicios Sociales ha limitado la adquisición de tratamientos de alto costo, principalmente debido a la deuda que ha acumulado con sus proveedores externos. En 2017, el Instituto alcanzó un 95% de déficit de medicamentos y de incapacidad material para brindar tratamiento a pacientes afectados por enfermedades crónicas. Por ejemplo, casi el 77% de las 77.000 personas que vivían con el VIH/SIDA no tuvieron acceso a un tratamiento adecuado a lo largo de 2017220. Tampoco se dispuso de reactivos para evaluar el nivel de anticuerpos en su sangre. A fines de 2017, el Instituto solo tenía existencias de cuatro medicamentos antirretrovirales entre un total de 26. El ACNUDH también recibió informes según los cuales las mujeres embarazadas que viven con el VIH/SIDA habían dado a luz sin ser objeto de las medidas y el tratamiento adecuados para evitar la transmisión del virus a sus bebés.

“Mi hija de 11 años tiene insuficiencia renal en etapa 5 y necesita ser dializada tres veces por semana. Hace dos años, el hospital comenzó a tropezar con graves dificultades de aprovisionamiento. Ahora no disponemos de kits de diálisis y nuestros niños usan catéteres para adultos. Tampoco reciben las vitaminas y los alimentos complementarios para su tratamiento. El hospital tiene muchos problemas con el agua. Mi niña ha sido infectada dos veces y en el hospital no hay antibióticos. Tenemos que comprarlos afuera y si lo hacemos, entonces no nos queda dinero para comprar comida. Estamos luchando por la vida de nuestros hijos. Mi niña ha visto cómo algunos de sus amigos han muerto a causa de las infecciones”.

Alrededor de 55.000 pacientes con cáncer también han sido afectados por limitaciones a su tratamiento. La mayoría de los equipos de radioterapia en los hospitales públicos no funcionan debido a la falta de mantenimiento. La Fundación contra el Cáncer de Mama (Funcamama) señaló que el Ministerio
de Salud había desmantelado su capacidad para ofrecer servicios de diagnóstico temprano de cáncer de mama, y que alrededor de 300.000 mujeres diagnosticadas con esa forma de cáncer habían tenido dificultades para obtener el tratamiento necesario, con inclusión de intervenciones quirúrgicas. Los médicos entrevistados por el ACNUDH reconocieron que, en el caso de la mayoría de los pacientes con cáncer, la única opción para recibir tratamiento médico adecuado era emigrar a otros países.

A principios de 2018, se vio comprometido el acceso a un tratamiento adecuado para 16.000 pacientes con enfermedades renales, ya que 50 de los 300 centros de diálisis en el país habían dejado de funcionar, mientras que los demás experimentaban fallas recurrentes. La ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (CodeVida) indicó que, a fines de febrero de 2018, cinco pacientes habían fallecido por falta de diálisis.

El ACNUDH observó que el derecho a la salud de los niños con insuficiencia renal estaba particularmente amenazado, ya que el área de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos de Caracas, el único centro sanitario del país capacitado para tratar con diálisis a los niños menores de 12 años, presentaba graves deficiencias. Las madres de los niños que recibían tratamiento en ese hospital informaron al ACNUDH sobre la escasez sistemática de equipos para la diálisis y la falta de medicamentos, alimentos y médicos para supervisar los tratamientos. La mayoría de los niños habían sido infectados con diversas bacterias y no habían tenido acceso a los antibióticos adecuados. Entre mayo y diciembre de 2017, diez niños murieron como consecuencia de las condiciones insalubres en el establecimiento. En el momento de redactarse el presente informe, pese a la existencia de una medida cautelar otorgada por la CIDH en beneficio de los pequeños pacientes del área de Nefrología del citado hospital, los representantes del Ministerio de Salud todavía no se habían entrevistado con los solicitantes de la medida cautelar para ponerse de acuerdo sobre la forma de dar cumplimiento a esta medida.

Desde 2015, por decisión del Ministerio de Salud, el programa de trasplante de órganos está paralizado, lo que priva de esta posibilidad terapéutica a los pacientes con enfermedades renales y otras insuficiencias de órganos. Además, alrededor de 3.500 personas que habían recibido trasplantes desplegaban esfuerzos denodados por encontrar medicamentos inmunosupresores. Según datos recogidos por Codevida, durante el primer trimestre de 2018 hubo 64 pacientes con rechazo de órganos como consecuencia de no haber tenido acceso a un tratamiento adecuado.

Otro signo del grave deterioro del sistema de atención de salud fue el brote de enfermedades que ya habían sido erradicadas o controladas previamente, como el paludismo (malaria) y la difteria. El presupuesto asignado por el Gobierno para prevenir y controlar el paludismo fue recortado en 70% para el período 2015-2016. En 2017, la OMS clasificó a la República Bolivariana de Venezuela como el país de América con la mayor incidencia de paludismo, a saber, un número de casos estimados de 300900, lo que representa 34 por ciento del total de casos estimados en la región. La OMS también estimó que se habían producido 280 muertes relacionadas con el paludismo. El Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios contra el Sida informó de que en 2017 se habían registrado casos de paludismo en 10 de los 23 estados venezolanos.

Por otra parte, después de 24 años sin incidencia alguna de la difteria, en 2017 se notificaron casos en 22 estados, lo que puso de manifiesto la existencia de graves deficiencias en el programa de inmunización del Gobierno. La OMS confirmó que entre julio de 2016 y febrero de 2018 se habían declarado 726 casos de difteria, con un saldo de 113 muertes. El 6 de abril de 2018, la OMS también dio cuenta de la incidencia del sarampión, con 1006 casos registrados en ocho estados. Ese mismo mes, el Ministerio de Salud anunció la puesta en marcha de un plan nacional de vacunación contra la difteria, el sarampión y la fiebre amarilla.

 

226 Entrevista realizada por el ACNUDH del 12 de abril de 2018

El ACNUDH ha comprobado que las mujeres fueron particularmente afectadas por la crisis de salud. Por ejemplo, el aumento del número de muertes maternas, que pasó de 368 en 2012 a 756 en 2016, ha revelado el rápido deterioro de la atención médica preventiva. No se había publicado información sobre la incidencia de la mortalidad materna desde 2017. También se vio amenazada la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que la mayoría no ha tenido un acceso regular a los métodos anticonceptivos. En 2017, las farmacias informaron de que había un déficit de 90% en el suministro de métodos anticonceptivos. En 2015, el Ministerio de Salud brindó acceso a los métodos de planificación familiar a solo el 2% de la población destinataria. Una encuesta realizada en junio de 2017 mostró que el 72% de las mujeres consultadas no había podido encontrar anticonceptivos en las farmacias en los últimos 12 meses, y que de todas maneras el 27% de ellas no tenían dinero suficiente para costearlos238. En 2017, Venezuela registró la segunda tasa más alta de embarazos de adolescentes en las Américas, lo que se debió principalmente a la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a medios de educación sexual y reproductiva. De acuerdo al Comité de derechos económicos, sociales y culturales, la realización del derecho a la salud de las mujeres requiere intervenciones dirigidas a prevenir y tratar las enfermedades que les afectan a ellas particularmente, así como de políticas que garanticen el pleno acceso a una diversidad de servicios de salud de alta calidad y económicamente accesibles, incluyendo para satisfacer derechos sexuales y reproductivos.

Si bien el Gobierno ha admitido que hay un cierto nivel de escasez de medicamentos, no ha reconocido la existencia de la actual crisis de salud y no ha solicitado de la cooperación internacional en los niveles que la situación lo exige. El Ministerio de Salud aceptó recientemente el apoyo del UNICEF, de ONUSIDA y de la Organización Panamericana de la Salud en lo relativo a la puesta en práctica de su plan de vacunación y a la compra de medicamentos, como inmunosupresores y antirretrovirales.

No obstante, una de las principales obligaciones de los estados relativas al derecho a la salud es brindar información sobre los principales problemas de salud, el ACNUDH constató que el Ministerio de Salud no había divulgado información esencial para evaluar la situación de salud. La publicación de los boletines epidemiológicos semanales se suspendió desde julio de 2015 hasta mayo de 2017. En dicho mes, días después de la publicación de un nuevo boletín epidemiológico en el que se daba cuenta, entre otras cosas, de un marcado aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil, la Ministra de Salud fue destituida. Desde entonces, no se han publicado otros boletines. El último anuario sobre mortalidad se publicó en 2013, lo que ha impedido la evaluación de las muertes evitables desde que se desató la crisis de salud.

El ACNUDH recibió información de primera mano sobre las medidas aplicadas por el Gobierno para evitar que se conozca la realidad de las condiciones de los establecimientos de salud. Los profesionales de la salud denunciaron la presencia en los hospitales de oficiales de la GNB y de miembros de la milicia y los colectivos armados, que se encargan de impedir que periodistas u otras personas tomen fotografías de los locales e instalaciones, graben videos y entrevisten a médicos, enfermeras o pacientes. Los directores de hospitales han amenazado y sancionado a médicos y enfermeros por haber hecho declaraciones a la prensa sobre las condiciones inadecuadas de sus establecimientos. Las fuerzas de seguridad también han utilizado la fuerza para reprimir las protestas encabezadas por profesionales de la salud. El 15 de mayo, en el estado de Zulia, agentes de la policía local detuvieron y golpearon a dos médicos que dirigían una protesta realizada frente a su hospital.

Durante el primer trimestre de 2018, se llevaron a cabo 287 protestas en las que los pacientes y los profesionales de la salud denunciaron la falta de medicamentos y tratamiento y exigieron mejores condiciones de trabajo242. Tan solo el 17 de abril, tuvieron lugar 54 protestas alrededor de los principales hospitales de 20 estados del país.

 

I. Violación al derecho a una alimentación adecuada

“Cuando era niño, mi familia solía comer una arepa en cada una de las tres comidas diarias. Ahora es difícil conseguir una arepa, y cuando lo logras, no tienes nada con que rellenarla”. Hombre de 24 años, residente de Barquisimeto, estado de Lara.

El derecho a una alimentación adecuada se cumple cuando todas las personas por ellas mismas o en colaboración con otras, tienen acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para conseguirla. El Comité de derechos económicos, sociales y culturales ha establecido que el contenido mínimo del derecho a la alimentación adecuada implica la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de las personas y aceptables culturalmente, así como accesibilidad económica y física. Adicionalmente a las obligaciones de respetar y proteger, los estados también tienen la obligación de garantizar derechos humanos, lo cual significa que el Estado debe adoptar activamente medidas para fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, y el deber de proveer directamente el derecho cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance.

 

Políticas estatales que han afectado el derecho a la alimentación

La profunda recesión económica, la hiperinflación y la pérdida de poder adquisitivo, junto con el desmantelamiento del sistema de producción nacional de alimentos y la dependencia con respecto a las importaciones de alimentos, han creado un círculo vicioso que ha afectado el derecho a la alimentación de la mayoría de los venezolanos. Según los expertos entrevistados por el ACNUDH, esta situación de crisis fue causada por una combinación de políticas económicas y sociales aplicadas por el Gobierno durante la última década, como el control por el Estado del precio de los alimentos y de los tipos de cambio de moneda extranjera, la mala administración de tierras de cultivo confiscadas , el monopolio estatal de los suministros agropecuarios, la militarización de la distribución de alimentos y la puesta en práctica de programas sociales sin objetivos nutricionales claros.

Las políticas gubernamentales han afectado a casi todos los aspectos de la cadena alimentaria. Con la expropiación y nacionalización en 2010 de la empresa Agroisleña, que en otros tiempos fue el mayor proveedor agrícola privado del país, el Estado logró el control del 95% de todos los insumos agrícolas. La mala gestión de la referida empresa estatal, sumada a los controles estrictos sobre la obtención de divisas para importar suministros agrícolas, provocó una drástica reducción de la productividad agrícola. Por ejemplo, entre 2013 y 2017, la producción de maíz blanco, que se utiliza para preparar arepas (alimento básico que acompaña todas las comidas venezolanas), se redujo en un 85%. Según se informó al ACNUDH, al comienzo de la temporada de siembra de maíz blanco de 2018, los productores solo disponían del 10% de las semillas y los fertilizantes indispensables para el cultivo de sus tierras.

A lo largo de una década de altos precios del petróleo (2004-2014), el Gobierno aumentó la dependencia del país con respecto a las importaciones de alimentos. Como resultado, en 2013, el 65% de la ingesta calórica necesaria se cubrió con alimentos importados. Tras la caída de los precios del petróleo y la reducción de la capacidad de extracción de PDVSA, las importaciones de alimentos disminuyeron enormemente, sin que el Gobierno fuera capaz de reactivar la producción nacional de alimentos para colmar el déficit de aprovisionamiento. Además, su política de control de los precios de los alimentos, vigente desde 2011, menoscabó la capacidad productiva de la industria alimentaria nacional. El establecimiento de cuotas alimentarias que se comercializaron a precios determinados unilateralmente por el Gobierno, en general por debajo de los costos de producción, agudizó la escasez de alimentos, ya que los beneficios no eran suficientes para mantener los niveles de producción. En 2018, la industria alimentaria informó de que solo estaba produciendo en un nivel equivalente a un 30% de la capacidad que tenía en 2012. Adicionalmente, en octubre de 2016, el Gobierno promulgó un decreto por el que obligaba a las empresas agroalimentarias a venderle a precios fijos el 50% de su producción, que se entregaba a programas sociales como los CLAP. En octubre de 2016, esta cuota se elevó hasta el 70% de la producción. Esta política redujo drásticamente los niveles de disponibilidad de alimentos en el mercado.

En 2017, el Gobierno permitió a ciertas empresas importar alimentos, pero únicamente utilizando el tipo de cambio paralelo del dólar, lo que significó que, si bien aumentaba la disponibilidad de algunos alimentos, los precios resultaban inasequibles para la mayoría de los venezolanos. Según se explicó al ACNUDH, la escasez generalizada de alimentos combinada con altos niveles de corrupción había dado lugar a un mercado negro masivo en el que se vendían productos alimenticios de contrabando procedentes de Colombia o se revendían los adquiridos en supermercados controlados por el Estado o a través de programas sociales (como los CLAP). Los precios en el mercado negro podían ser hasta 70 veces superiores a los precios regulados por el Estado.

La hiperinflación está haciendo que los precios de los alimentos se disparen casi a diario. Aunque el Gobierno había aumentado el salario mínimo en 21 ocasiones desde mayo de 2013, en marzo de 2018 una familia debía ganar 57 veces el salario mínimo para poder adquirir la cesta de la compra mensual básica. En el momento de redactarse este informe, con un salario mínimo mensual apenas se podía comprar una caja de huevos o un kilo de carne. Según la ENCOVI de 2017, el 89% de los venezolanos consideraba que sus ingresos no bastaban para comprar los alimentos que necesitaban.

Impacto en el derecho a la alimentación

La falta de alimentos, combinada con el hecho de que estos son inasequibles, ha obligado a las familias venezolanas a cambiar sus hábitos alimenticios y a poner en marcha nuevas estrategias de subsistencia. Las opciones de los venezolanos para obtener alimentos eran: hacer cola durante muchas horas para comprar alimentos a precios controlados por el Estado, lo que generalmente se ofrecía esporádicamente y en cantidades limitadas; ser beneficiario de un programa social, o adquirir productos en el supermercado o en los bachaqueros (mercado negro) a precios hiperinflacionados.

El ACNUDH observó que la disponibilidad de alimentos había alcanzado mínimos críticos, puesto que las importaciones de alimentos se habían reducido en un 76% entre 2013 y 2017, y que el aprovisionamiento asegurado por la producción nacional había pasado del 75%o de la demanda de alimentos en 2013 a apenas el 25% a fines de 2017. Pese a la falta de datos oficiales acerca de la disponibilidad de alimentos, varios indicadores revelan la gravedad de la crisis. Según la encuesta ENCOVI de 2017, el 78% de los venezolanos reconocieron que habían comido menos en los últimos tres meses debido a la escasez de alimentos. En promedio, a fines de 2017, la alimentación de los venezolanos solo les permitía cubrir el 75% de sus necesidades calóricas diarias, afectando especialmente al sector más pobre de la población.

Los productos con alto valor nutritivo, como el pollo, los huevos, la carne de res, los cereales enriquecidos y las verduras, han sido sustituidos por una dieta basada en tres alimentos esenciales: tubérculos, cereales en forma de maíz o pan, y queso, así como azúcar y grasas. Un estudio realizado por Caritas en 44% de las parroquias más pobres de diez estados del país reveló que el 39% de las familias entrevistadas habían tenido que vender sus electrodomésticos y otros objetos de valor para comprar alimentos, y que el 41 por ciento se habían puesto a mendigar o a buscar comida en las basuras. Varias fuentes contaron al ACNUDH que, cada noche, en muchas ciudades del país, grupos de personas, en su mayoría niños, esperaban fuera de los restaurantes para buscar comida en las basuras2. La Encovi de 2017 reveló también que el 63% de las familias encuestadas había reconocido que uno de sus miembros se saltaba una comida, pues no había alimentos suficientes para todos.

Como muestra el estudio de Cáritas, las embarazadas, los ancianos y los niños corren un riesgo particular de malnutrición. Según Cáritas, la malnutrición aguda en los niños menores de cinco años atendidos por la organización había pasado del 8,7%, en octubre de 2016, al 16,8%, en diciembre de 2017, excediendo el umbral de crisis del 10% establecido por la OMS. Caritas también alertó de que el 33% de los niños examinados padecían malnutrición crónica, lo que indicaba que había habido inseguridad alimentaria en entre los niños examinados durante un período de al menos cuatro años264. La tenencia identificada por Caritas fue confirmada recientemente en el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, de 2017, elaborado por la FAO, donde se determinó que la subalimentación aumentó en 1,3 millones de personas entre 2014 a 2016, lo que representaba un total de 4,1 millones de personas subalimentadas en el país. Asimismo, el UNICEF advirtió que un número creciente de niños padecían malnutrición debido a la prolongada crisis económica que afectaba a Venezuela.

La situación era particularmente grave para los recién nacidos cuyas madres no podían amamantarlos. Era casi imposible encontrar leche para bebés en el mercado, y cuando la había su precio superaba dos salarios mínimos mensuales. En ausencia de registros públicos oficiales, los informes médicos independientes revelaron que un número creciente de niños fueron hospitalizados por malnutrición. La unidad pediátrica del Hospital General de Caracas señaló que los casos de niños con malnutrición aguda aumentaron en un 260% en 2017. La escasez de medicamentos, suplementos nutricionales y, específicamente, leche infantil en el sistema público de atención sanitaria ha tenido un impacto fatídico, pues ello impidió a los médicos proporcionar el tratamiento adecuado a los niños con malnutrición aguda. Durante el primer trimestre de 2018, los medios de comunicación locales dieron cifras alarmantes de niños muertos por malnutrición en varios estados. No obstante, es casi imposible conocer el número exacto, dado que los médicos no suelen atribuir la causa del fallecimiento a la malnutrición.

“Tengo una bebecita que llora y llora porque no puedo darle de comer. La leche infantil cuesta tres millones de bolívares y mi esposo solo gana 1,2 millones al mes. Todos los productos del mercado son caros, incluso la harina de maíz. Mi esposo y yo comemos solamente dos veces al día para que nuestras dos hijas pequeñas puedan comer un poco más. Comemos yuca, plátanos y carne de soya, pues no podemos permitirnos comprar carne. Hay que hacer cola toda la noche para obtener solo un kilo de arroz. Una caja CLAP me cuesta 2.500 bolívares, pero solamente dura tres o cuatro días. Los vecinos me han dicho que si no voto por el Gobierno, me quitarán la comida, el bono en efectivo y la casa. Controlan la autoridad electoral, por lo que saben por qué partido votas”, madre de un bebé en un centro de nutrición en el estado de Lara, entrevistada el 3 de mayo de2018

El ACNUDH observó que la escasez de alimentos estaba teniendo un impacto desproporcionado en las mujeres. Según una encuesta de 2017, los hombres estaban consumiendo alimentos con un valor
nutricional mayor que los consumidos por las mujeres, cuya dieta solía carecer de las proteínas y micronutrientes necesarios. Las mujeres eran, además, más propensas que los hombres a comer menos o a saltarse comidas cuando no había suficientes alimentos para toda la familia. Asimismo, el grueso del peso de encontrar comida recaía en ellas. Efectivamente, las mujeres eran mayoría en las colas para comprar productos alimenticios a precios regulados. Podían pasar entre 8 y 14 horas semanales de promedio haciendo cola en la calle, expuestas a las condiciones climáticas y a la elevada inseguridad.

Por otra parte, la escasez de alimentos provocó protestas espontáneas en casi todos los estados del país. La ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social registró 549 protestas relacionadas con la escasez de alimentos, su elevado costo y las irregularidades en el reparto de cajas CLAP, durante el primer trimestre de 2018. Además, registró 141 casos de saqueos en supermercados y camiones que transportaban alimentos, así como robo de ganado, durante los primeros 90 días de 2018. Ello representó un aumento de estos incidentes de un 642% con respecto al mismo período de 2017, y puso en evidencia la desesperación de algunas comunidades. Al menos siete personas murieron durante saqueos ocurridos en el primer trimestre de 2018.

La respuesta del Gobierno a la crisis de alimentos

El Comité de derechos económicos, sociales y culturales ha sostenidos que incluso cuando los estados enfrentan serias restricciones de recursos, ya sean causados por un proceso de ajustes económicos, recesión económica u otros factores, deben adoptar medidas para asegurar que el derecho a la alimentación se cumpla especialmente para los grupos e individuos en situación de vulnerabilidad273. El Comité también ha subrayado que el Estado que aduzca que es incapaz de cumplir esta obligación por razones que están fuera de su control, tiene, por tanto, la obligación de probar que ello es cierto y que no ha logrado recabar apoyo internacional para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos necesarios.

En 2016, el Presidente lanzó un plan denominado “Gran Misión Abastecimiento Soberano” para coordinar el sistema alimentario, impulsar la producción nacional de alimentos y garantizar su distribución. En el marco de esta misión, el Gobierno puso en marcha un programa para prestar apoyo a los pequeños agricultores en la producción de alimentos y otro para promover la agricultura urbana. Sin embargo, la escasez de suministros agrícolas, como fertilizantes, semillas y pesticidas, además de agua, limitaron el desarrollo y el impacto de estos programas. Adicionalmente, el Presidente declaró un estado de excepción y emergencia económica que, entre otras cosas, utilizó para militarizar la distribución y comercialización de los alimentos, como respuesta a las acusaciones de especulación y acumulación de alimentos descritas por el Gobierno como parte de una “guerra económica”.

En 2016, el Gobierno comenzó a centrar sus esfuerzos y recursos en la ejecución del programa de distribución de alimentos conocido como CLAP. Según las autoridades, los CLAP eran una nueva forma de organización social para distribuir y suministrar alimentos de casa en casa a precios controlados por el Estado, concediendo prioridad a las familias con ingresos modestos. Cada 21 días, en principio, los CLAP distribuían, por medio de estructuras vecinales, una “caja CLAP” con productos alimenticios que habían ido cambiando con el tiempo. El Gobierno declaró que, a finales de 2017, se habían organizado 31.600 CLAP, en beneficio de seis millones de familias, y que se habían repartido 90 millones de cajas.

El ACNUDH considera que el programa CLAP no cumple ciertas normas relativas al derecho a una alimentación adecuada, según se establece en la Observación General No 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales.

El programa no satisface las necesidades nutricionales de los venezolanos. El contenido nutricional de los alimentos que vienen en las cajas CLAP es bajo en proteínas y vitaminas, y alto en grasas, azúcares y carbohidratos. Los artículos de una caja no alcanzan para cubrir las necesidades alimenticias semanales de una familia, y la calidad de algunos productos, como la leche, es inadecuada. Además, otros productos, como la harina de maíz importada de México, que está destinada a preparar tortillas y no arepas, no son culturalmente apropiados.

El programa carece de procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas claros. Como los CLAP operan a través de una estructura paralela, ajena a la supervisión de cualquier ministerio, y no están dotados de un mecanismo efectivo para presentar quejas, los miembros de los comités locales pueden tomar decisiones arbitrarias a la hora de designar a los beneficiarios, de fijar el costo de la caja y de decidir cuándo detener las entregas. Las personas entrevistadas por el ACNUDH se han quejado por los retrasos recurrentes en la distribución de las cajas, por el aumento continuo del precio (que además debían abonar por adelantado), por el hecho de que los productos fueran revendidos a precios más altos en el mercado negro y por haber sido discriminados en la obtención de las cajas al no apoyar al Gobierno.

El programa ha sido utilizado como una herramienta para la propaganda política y el control social. Los CLAP mantienen fuertes vínculos con el partido gobernante, el PSUV, y no solo con el Gobierno. De hecho, operan a través de las estructuras organizativas locales del partido en cada barrio. Los CLAP publican una revista oficial que se ha utilizado claramente para apoyar al PSUV en las últimas elecciones, así como para condenar a los opositores políticos, y, durante el proceso electoral, imprimieron en las cajas el rostro del Presidente Nicolás Maduro. Debido a la grave crisis alimentaria y a los niveles elevados de discrecionalidad en las actividades del programa, el partido gobernante ha adquirido un poder considerable sobre los destinatarios de las cajas. El ACNUDH recibió los testimonios de personas a los que miembros de los CLAP habían amenazado con que dejarían de recibir las cajas si no votaban por el PSUV, o por haber presuntamente participado en protestas contra el Gobierno. Tomando la palabra en la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2018, el director del programa CLAP y miembro de la junta directiva del PSUV declaró que el programa había sido fundamental para ganar las elecciones municipales (alcaldes) y regionales (gobernadores), así como a la Asamblea Nacional Constituyente.

El carnet de la patria también se ha solicitado como condición para poder recibir cajas CLAP. Si bien esta estrategia podría considerarse como una forma de digitalizar y organizar la información sobre los beneficiarios de los programas sociales, ha habido varias denuncias por el uso de este documento con fines políticos. En los testimonios recopilados por el ACNUDH se destaca que el Gobierno ha utilizado las estructuras locales del PSUV para realizar el proceso de registro, y que durante las elecciones regionales y municipales se había pedido a las personas que activaran su carnet de la patria en los llamados “puntos rojos”, que eran tiendas de campaña administradas por miembros del partido gobernante, ubicadas en las inmediaciones de los colegios electorales. A pesar de las garantías del Gobierno de que el voto sigue siendo confidencial, muchas personas creen que pueden ser excluidas de los programas sociales si no votan por el partido oficial283. Durante los mítines de electorales, el Presidente Nicolás Maduro prometió que quienes votaran por él recibirían un obsequio especial a través del carnet de la patria.

Recomendaciones sobre la crisis sanitaria y alimentaria

  • El Gobierno debería adoptar medidas efectivas, incluyendo la asignación de los máximos recursos disponibles, para abordar las crisis sanitaria y alimentaria, centrándose primero en las poblaciones más vulnerables;
  • El Gobierno debería buscar la cooperación y asistencia técnica de las Naciones Unidas y sus agencias, así como de otras organizaciones multilaterales, para afrontar las necesidades urgentes de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en particular respecto de los servicios de salud y alimentación;
  • El Gobierno, en particular los Ministerios de Salud, Alimentación y Agricultura, deberían proporcionar información de interés público, en particular aquella relativa a la situación alimentaria y sanitaria, tal como boletines semanales epidemiológicos y los anuarios sobre mortalidad, a efectos de permitir una evaluación apropiada de la magnitud de la crisis y las medidas adecuadas que deben tomarse;
  • El Gobierno debería establecer un comité multidisciplinario integrado por expertos provenientes de organizaciones no gubernamentales y de la academia, de experiencia diversa, a fin de asesorar sobre las reformas económicas y sociales necesarias para abordar las causas principales de las crisis alimentaria y sanitaria.Reformas institucionales y de políticas relativas al sistema de justicia y el estado de derecho.
  • Las autoridades deberían conducir un nuevo proceso de selección para designar al Fiscal General y al Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y los estándares internacionales;
  • El Gobierno, en particular el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, debería reformular las políticas destinadas a abordar el alto nivel de criminalidad en el país, adoptando un enfoque basado en derechos humanos;
  • El Gobierno, en particular los Ministerios del Interior, Justicia y Paz, y de Defensa, debería adoptar un plan con un cronograma preciso para poner fin a la participación de las fuerzas militares en las funciones de seguridad pública, así como para desmilitarizar las agencias policiales;
  • El Gobierno debería abstenerse de interferir en la independencia del Poder Judicial y debería tomar medidas para restaurar la independencia del sistema de justicia; como, por ejemplo, elegir a los jueces conforme a estándares internacionales, garantizar su permanencia en el cargo, así como protegerlos contra restricciones, influencias inapropiadas, amenazas o interferencias, directas o indirectas, provenientes de cualquier sector o por cualquier motivo;
  • El Gobierno debería establecer una comisión multidisciplinaria conformada por expertos nacionales e internacionales para llevar a cabo una evaluación detallada del sistema de justicia penal, a fin de proponer medidas para afrontar las violaciones generalizadas al debido proceso y del derecho a un juicio justo, así como para asesorar al Ministerio Público, a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y al Poder Judicial, en las investigaciones de violaciones de derechos humanos, incluyendo presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante operaciones de seguridad y protestas, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. La comisión debería evaluar la probable responsabilidad de oficiales de alto rango. Los miembros de la comisión deberían ser seleccionados a través de un amplio proceso participativo, incluyendo a la sociedad civil.

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